La Consejería de Salud advierte que la Comunidad Autónoma no asumirá el gasto derivado de los 35.000 nuevos pacientes que se incorporarán a la sanidad pública regional si desaparece MUFACE sin la financiación adecuada. Hoy se ha conocido un informe que en el que se considera una opción «viable» y «razonable» la incorporación de estos funcionarios a la asistencia pública.La consejería sostiene que se trata de un asunto «complejo» que «tiene que abordar y negociar el Gobierno de España con las mutuas». El ejecutivo nacional es el responsable, dice la consejería, de poner soluciones posibles encima de la mesa para el personal funcionario, y es el que tiene que financiar adecuadamente a las comunidades. El consejero, Juan José Pedreño, cifra en 55 los millones el gasto que supondría y que no están dispuestos a asumir.Sin embargo el Ministerio de Sanidad considera que «el contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable». Propone la incorporación gradual y estratificada, con la excepcionalidad de aquellos pacientes en situaciones críticas para lo que plantea una renegociación temporal tras la prórroga.Esta es la principal conclusión del informe 'Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud', que ha dado a conocer el departamento que dirige Mónica García.
